Ponente
Descripción
La Constitución cubana de 2019 ha impactado en todos los órdenes de la vida socio jurídica nacional. Especial trascendencia ha adquirido en el campo de la protección de los derechos, fundamentalmente en el ámbito del derecho judicial. En tal sentido, el reconocimiento de los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva, abrieron este escenario como propicio para reforzar la protección de los derechos y la centralidad y protagonismo de los jueces en dicho empeño.
De ello se ha derivado una profunda reforma procesal que ha impactado de manera positiva dotando a los jueces de herramientas para ser cada vez más proactivos en la búsqueda de la justicia, y a las personas de procesos más garantistas para la defensa de sus derechos. En esa cuerda debe destacarse la novedosa Ley 142 de 2021 del Proceso Administrativo que abre el diapasón de la justicia administrativa ampliando las cuestiones revisables ante el juez en la defensa del ciudadano ante la Administración. En ese escenario resulta pauta especial la exigencia de argumentación no solo de las resoluciones judiciales que se dicten en materia administrativa, sino además de la motivación de los actos administrativos revisables judicialmente.
